Propuesta de seguridad social universal para otorgar derechos iguales a todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral. Su objetivo es más equidad y mayor productividad, simultáneamente.
Este dilema no es nuevo, nace con la arquitectura de la seguridad social en México en 1943. La informalidad es el resultado de muchas décadas de una economía que ha gravado el empleo formal y subsidiado el informal.
La informalidad no resulta de algún programa específico de seguridad social, sino del entramado de todo el sistema. No es correcto señalar como causantes únicos de la informalidad al IMSS, al Infonavit, a la Ley Federal del Trabajo, o a este u otro programa no contributivo.
La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros no.
Si ese financiamiento asimétrico no existiera, la informalidad sería irrelevante.
En el caso de la educación, no hablamos de “derechohabientes y no derechohabientes”, ni de educación “contributiva y no contributiva”. En el caso de la salud y las pensiones, sí.
Los que pagan la seguridad social, puede decirse que los trabajadores formales pagan un impuesto al consumo en la puerta de la fábrica para pagar su seguridad social (conocido como contribución a la seguridad social), y otro impuesto al consumo en la puerta de la tienda donde hacen sus compras (conocido como IVA).
Los trabajadores informales también pagan un impuesto al consumo en la puerta de la tienda (el IVA) pero ninguno en la puerta de la fábrica.
Así, los trabajadores formales pagan dos impuestos; los informales uno pero reciben beneficios de seguridad social crecientemente cercanos a los que reciben los formales.
En suma: financiamos la seguridad social con una mezcla de impuestos inequitativa, porque hay trabajadores informales con ingresos mayores que los formales, y porque el mismo trabajador a veces es formal y a veces no.
Además, esta mezcla genera un problema muy grave: segmenta permanentemente al país en un sector formal y otro informal, lo cual atenta contra la cohesión social.
Si hay posibilidad de organizar y financiar la seguridad social de una forma más equitativa, eficaz, sostenible y transparente.
Si Podemos convertir a la seguridad social en un instrumento de inclusión social.
Si es posible superar el dilema entre productividad y ampliación de la cobertura de seguridad social.
La propuesta
La propuesta tiene tres partes. La primera otorga a todos los trabajadores:
1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS).
2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado).
3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos.
La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:
1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS.
2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS.
3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS.
La tercera parte supone:
1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.
2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social.
3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).
4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.
La idea clave es financiar los beneficios de la primera parte, que son comunes para todos, con el pago de un impuesto común, que no dependa de la condición laboral.
Al efecto, se propone crear una contribución para la seguridad social universal con la misma mecánica que el IVA, aplicando ambos tributos sobre todo el consumo, sin exenciones, con una tasa total de 16%. De ésta, 10% sería para el Fondo Nacional de Seguridad Social Universal y 6% sería el IVA para el gasto público general.
Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.
La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo.
La propuesta representa un esfuerzo importante de transformación institucional. Parte de lo mucho construido, pero reconoce que la arquitectura vigente nos atrapa en dilemas de los que es indispensable escapar.
Con seguridad, se ampliarán los programas para adultos mayores. Pero si se va a otorgar una pensión en esos momentos, ¿por qué no empezar a ahorrar para ella desde ahora, adelantándonos a la presión de gasto que se presentará, en un marco de responsabilidad fiscal? Además, ¿qué pasará con los incentivos al ahorro para el retiro si esos programas crecen y se vuelven permanentes? Por otro lado, en los próximos años será necesario enfrentar la problemática del pasivo laboral del IMSS. ¿Se incrementarán las cuotas al instituto o se deteriorarán los servicios o, como se propone aquí, se absorberá ese pasivo por el gobierno federal?
En otras palabras, en los próximos años el país gastará más en seguridad social, aun sin la propuesta (factor que debe considerarse al evaluar el déficit de la propuesta). Pero, ¿conviene gastar más con la misma combinación de programas, manteniendo el impuesto a la formalidad y acentuando el subsidio a la informalidad? ¿Por qué no mejor aumentar el gasto en seguridad social asociándole un aumento de la fuente de financiamiento, y hacerlo de forma que fomente la productividad, acrecente el ahorro, promueva la legalidad, fortalezca la sustentabilidad fiscal y amplíe la base tributaria?
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